Concejo de Cali define el futuro de la Contraloría

Por Miguel Ángel Arango

La elección del próximo contralor de Cali se perfila como una de las primeras y más delicadas decisiones que deberá enfrentar la nueva mesa directiva del Concejo Municipal, instalada esta semana bajo la presidencia de la abogada Daniella Plaza Saldarriaga, del partido Colombia Renaciente. La acompañan en la vicepresidencia Rafael Andrés Escobar, del Centro Democrático, y María del Carmen Londoño, del Pacto Histórico.

El proceso llega marcado por el antecedente de un fracaso institucional. En 2025, la elección naufragó luego de que catorce concejales se abstuvieran de asistir a las plenarias convocadas para tal fin, en medio de interpretaciones contradictorias sobre una advertencia de la Procuraduría General y la percepción de que la conformación de la terna estaba “contaminada”. El entonces presidente del Concejo, Édison Lucumí, citó la corporación en al menos tres ocasiones sin lograr el cuórum decisorio.

La terna en cuestión —integrada por Gustavo Alberto Barrientos, Ligia Amanda Gallego y Diego Mauricio López— superó las pruebas de conocimiento y los requisitos de hoja de vida exigidos por la ley. La nueva mesa directiva deberá decidir si retoma el proceso con base en esta terna o si abre una nueva convocatoria. El camino más expedito sería avanzar con las entrevistas y proceder a la elección; mientras tanto, la Contraloría seguirá bajo una figura de encargo.

El debate no es solo político, sino también jurídico. En distintos despachos judiciales cursan acciones interpuestas por reconocidos abogados que buscan obligar al Concejo a reconocer la validez de la terna ya conformada. De los tres miembros de la mesa directiva, dos hacen parte de la coalición de gobierno, mientras que la concejal María del Carmen Londoño se mantiene como la voz disidente, defendiendo la tesis de elegir al contralor con base en el proceso ya surtido.

En paralelo, la coalición que respalda al alcalde Alejandro Eder —aunque no coincide plenamente con la que lo eligió— continúa mostrando cohesión en los temas estratégicos de la administración. Un ejemplo reciente fue el respaldo explícito del concejal Carlos Andrés Arias, del partido de la U, quien celebró con entusiasmo el inicio de las obras de reconstrucción de la avenida Ciudad de Cali, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno.

Más allá de la Contraloría, el tablero político empieza a moverse con miras a las elecciones regionales de 2027. Antes de finalizar octubre, quienes aspiren a cargos de elección popular deberán renunciar a sus puestos actuales para evitar inhabilidades. En ese contexto, dos figuras del entorno del alcalde Eder concentran la atención.

Uno es el médico Alexander Durán, asesor del despacho y exsecretario de Salud, con experiencia en cinco administraciones municipales. Su fortaleza radica en su conocimiento del aparato burocrático, su cercanía con la clase política regional y su historial de cumplimiento en tareas sensibles. El otro es el abogado Gabriel Velasco, exsenador del Centro Democrático y actual asesor del alcalde, a quien en el Centro Administrativo Municipal no descartan mover a un cargo con mayor exposición pública. Algunos sectores incluso lo proyectan como eventual candidato a la Gobernación del Valle del Cauca.

En los corrillos políticos también se especula sobre el papel del partido de la U. Aunque algunos anticipan una candidatura propia a la Alcaldía de Cali, fuentes cercanas a la colectividad aseguran que su apuesta principal será la Gobernación. No es una jugada menor: con cerca de treinta alcaldías municipales y una estructura territorial sólida, la U sigue siendo el partido mejor organizado para disputar el control del Palacio de San Francisco.

La administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro, al igual que la de Clara Luz Roldán en su momento, mantiene una presencia significativa en Cali, consolidando a estos gobiernos como los que más han invertido en la capital del Valle. En ese escenario, las decisiones que tome el Concejo en los próximos meses —empezando por la elección del contralor— no solo definirán equilibrios institucionales, sino que anticiparán el pulso político que marcará el camino hacia 2027.