Concejales de Cali ponen freno al cobro sobre tasa ambiental

La Comisión de Presupuesto del Concejo de Santiago de Cali dio luz verde al inicio del estudio del Proyecto de Acuerdo 078, una iniciativa que busca definir el porcentaje de la sobretasa ambiental con destinación exclusiva al Distrito Especial. Aunque el proyecto avanzó en su trámite inicial, abrió un debate de fondo sobre el alcance de los cobros y los límites de la planeación fiscal en la ciudad.

La propuesta, presentada con ponencia de los concejales Flower Enrique Rojas Torres y Alexandra Hernández Cedeño, retoma la tasa de 1.5 por mil establecida en la Ley 99 de 1993. De ser aprobada, estos recursos —estimados en más de 160.000 millones de pesos para 2026— serían transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para la ejecución de proyectos ambientales en el área urbana de Cali.

Sin embargo, el segundo artículo del proyecto se convirtió rápidamente en el punto más controvertido. Allí se plantea la posibilidad de aplicar un cobro adicional del 2 por mil con destino al Área Metropolitana del Sur Occidente (AMSO), una figura que aún se encuentra en proceso de consolidación institucional.

Durante la sesión, concejales como Audry María Toro Echavarría y Sergio Mauricio Zamora Betancurt advirtieron que la redacción del artículo podría interpretarse como un doble cobro de sobretasa ambiental, con un impacto directo sobre el impuesto predial de los ciudadanos. La preocupación central fue que se estuviera abriendo la puerta a una carga tributaria futura sin que exista claridad sobre la operación real de la entidad beneficiaria.

Desde la Administración Distrital, el director de Hacienda, John Jairo Quinchua Ceballos, intentó disipar las dudas al señalar que “no se trata de dos cobros” y que la tasa destinada a la AMSO solo se haría efectiva una vez exista una estructura administrativa plenamente constituida. Aun así, varios concejales insistieron en que no resulta procedente incorporar en un acuerdo municipal un cobro condicionado a una entidad que, según su propio gerente, aún no cuenta con capacidad administrativa, técnica ni financiera.

La concejala Alexandra Hernández Cedeño sostuvo que resulta jurídicamente inconveniente prever el recaudo de un recurso para un servicio que todavía no existe de manera funcional. En la misma línea, Zamora Betancurt calificó el artículo como un “cobro fantasma”, al considerar que genera incertidumbre tributaria para los contribuyentes.

Ante el creciente consenso crítico, el coordinador ponente, Flower Enrique Rojas Torres, anunció que se evalúa retirar el artículo 2º del proyecto para evitar interpretaciones ambiguas. “No podemos enredarnos con supuestos a futuro”, señaló, abriendo la puerta a una modificación sustancial del texto original.

La Comisión de Presupuesto convocó a la ciudadanía interesada a inscribirse en el libro de participación para presentar observaciones y ponencias. La discusión se retomará este lunes 15 de diciembre, una vez concluya la sesión plenaria del Concejo, en un debate que promete definir no solo el alcance de la sobretasa ambiental, sino también la forma en que Cali proyecta su gobernanza metropolitana y su política fiscal ambiental.La Comisión de Presupuesto del Concejo de Santiago de Cali dio luz verde al inicio del estudio del Proyecto de Acuerdo 078, una iniciativa que busca definir el porcentaje de la sobretasa ambiental con destinación exclusiva al Distrito Especial. Aunque el proyecto avanzó en su trámite inicial, abrió un debate de fondo sobre el alcance de los cobros y los límites de la planeación fiscal en la ciudad.

La propuesta, presentada con ponencia de los concejales Flower Enrique Rojas Torres y Alexandra Hernández Cedeño, retoma la tasa de 1.5 por mil establecida en la Ley 99 de 1993. De ser aprobada, estos recursos —estimados en más de 160.000 millones de pesos para 2026— serían transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para la ejecución de proyectos ambientales en el área urbana de Cali.

Sin embargo, el segundo artículo del proyecto se convirtió rápidamente en el punto más controvertido. Allí se plantea la posibilidad de aplicar un cobro adicional del 2 por mil con destino al Área Metropolitana del Sur Occidente (AMSO), una figura que aún se encuentra en proceso de consolidación institucional.

Durante la sesión, concejales como Audry María Toro Echavarría y Sergio Mauricio Zamora Betancurt advirtieron que la redacción del artículo podría interpretarse como un doble cobro de sobretasa ambiental, con un impacto directo sobre el impuesto predial de los ciudadanos. La preocupación central fue que se estuviera abriendo la puerta a una carga tributaria futura sin que exista claridad sobre la operación real de la entidad beneficiaria.

Desde la Administración Distrital, el director de Hacienda, John Jairo Quinchua Ceballos, intentó disipar las dudas al señalar que “no se trata de dos cobros” y que la tasa destinada a la AMSO solo se haría efectiva una vez exista una estructura administrativa plenamente constituida. Aun así, varios concejales insistieron en que no resulta procedente incorporar en un acuerdo municipal un cobro condicionado a una entidad que, según su propio gerente, aún no cuenta con capacidad administrativa, técnica ni financiera.

La concejala Alexandra Hernández Cedeño sostuvo que resulta jurídicamente inconveniente prever el recaudo de un recurso para un servicio que todavía no existe de manera funcional. En la misma línea, Zamora Betancurt calificó el artículo como un “cobro fantasma”, al considerar que genera incertidumbre tributaria para los contribuyentes.

Ante el creciente consenso crítico, el coordinador ponente, Flower Enrique Rojas Torres, anunció que se evalúa retirar el artículo 2º del proyecto para evitar interpretaciones ambiguas. “No podemos enredarnos con supuestos a futuro”, señaló, abriendo la puerta a una modificación sustancial del texto original.

La Comisión de Presupuesto convocó a la ciudadanía interesada a inscribirse en el libro de participación para presentar observaciones y ponencias. La discusión se retomará este lunes 15 de diciembre, una vez concluya la sesión plenaria del Concejo, en un debate que promete definir no solo el alcance de la sobretasa ambiental, sino también la forma en que Cali proyecta su gobernanza metropolitana y su política fiscal ambiental.