Colombia califica de “agresión” el alza de 900 % en el transporte de crudo por Ecuador

El incremento unilateral en la tarifa del Oleoducto Transecuatoriano amenaza la viabilidad de pequeños productores en el sur del país y profundiza la tensión bilateral

Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador atraviesan un nuevo punto de fricción tras la decisión del gobierno ecuatoriano de incrementar de manera abrupta las tarifas del Oleoducto Transecuatoriano para el transporte de crudo colombiano. El Ministerio de Minas y Energía calificó la medida como una “agresión económica” y advirtió que pone en riesgo la producción petrolera de regiones vulnerables como el Putumayo.

La tarifa, que pasó de 2,5 a más de 30 dólares por barril —un aumento cercano al 900 %—, fue adoptada de forma unilateral, según denunció el ministro Edwin Palma, quien aseguró que la decisión desconoce acuerdos binacionales vigentes desde 2011 y carece de sustento técnico.

Impacto directo en el Putumayo

De acuerdo con el Gobierno colombiano, el aumento afecta de manera desproporcionada a pequeños y medianos productores que dependen del oleoducto ecuatoriano para transportar su crudo hacia los mercados internacionales. En departamentos como Putumayo, donde la economía local está estrechamente ligada a la actividad petrolera, el encarecimiento del transporte podría traducirse en cierres operativos, pérdida de empleos y deterioro de la estabilidad social.

“Esta decisión golpea principalmente a productores pequeños, que sostienen empleo y tejido social en una región históricamente excluida”, afirmó el ministro Palma, al advertir que, con los actuales precios internacionales del petróleo, los márgenes de rentabilidad se vuelven prácticamente inexistentes.

El funcionario también cuestionó la falta de pronunciamiento de algunos gremios empresariales, señalando que el silencio frente a la medida agrava el impacto económico para el país.

Tensiones en el marco andino

El Gobierno colombiano sostiene que el incremento tarifario vulnera los principios de integración y libre tránsito establecidos en la Comunidad Andina, de la cual ambos países son miembros. Según el Ministerio de Minas, Colombia propuso abrir espacios de diálogo técnico y diplomático, pero las conversaciones habrían sido canceladas de manera unilateral por la contraparte ecuatoriana.

Entre los puntos más sensibles del conflicto, el Ejecutivo destaca la ruptura del convenio binacional firmado el 13 de febrero de 2011, que regulaba las condiciones de uso del oleoducto y buscaba garantizar estabilidad en los costos de transporte.

Un conflicto con efectos en cadena

Además del impacto en el sector petrolero, el ministro Palma alertó sobre una crisis paralela en el mercado de biocombustibles. Según denunció, algunos mayoristas colombianos han reducido o suspendido la compra de etanol nacional, profundizando las dificultades de un sector ya presionado por la volatilidad de los precios energéticos.

Pese al endurecimiento del tono, el Gobierno colombiano reiteró su disposición a acudir a mecanismos diplomáticos y comunitarios para buscar una solución que restablezca condiciones equitativas y previsibles en el intercambio energético con Ecuador.