La percepción de inseguridad en la capital del pacífico colombiano es del 84.1%
Santiago de Cali, julio 10 de 2024.- En el propósito de darle a la ciudadanía caleña una Política Pública de Seguridad y Convivencia robusta, fortalecida, eficiente y perdurable para los próximos 10 años, Concejales del Distrito, escucharon los argumentos del representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Jaime Ernesto Palma y del Director del Instituto de Ciencia Política, “Hernán Echavarría Olózaga”, Carlos Augusto Chacón, acerca de los análisis realizados sobre el fenómeno de la seguridad en Cali en los últimos cinco años.
Según cifras que dieron en Cali operan desde el año 2019, 182 grupos delincuenciales articulados en 7 tipos de organizaciones que agrupan pandillas, bandas de extorsionistas, oficinas de cobro e invisibilizados que viven del narcotráfico, la extorsión y el hurto como delitos dinamizadores.
Grupos que se han especializado en los homicidios colectivos, el sicariato, el gota - gota, la reventa de terrenos, el contrabando, el tráfico de armas, entre otros, siendo sus puntos críticos de operación el oriente, la galería de Santa Elena y las comunas 3, 9 y 10 en la zona urbana; además de los corregimientos de Pichindé y La Leonera en la zona rural, por incidencia de las explotaciones mineras.
Otros problemas
Sin embargo, explica el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Jaime Ernesto Palma estos no son los únicos problemas que agobian a Cali, pues los homicidios, las disputas territoriales, las riñas, la intolerancia y la venganza tienen un índice del 44,4% por cada 100 mil habitantes, respecto del año 2023, cifra muy por encima del promedio nacional que fue de 7.1%.
En el 93% de los casos las víctimas son hombres y el 7% mujeres, donde el 44.5% es población entre 18 y 28 años de edad y el 33.5% están entre los 29 y 45 años; siendo el arma de fuego la utilizada en el 80% de los incidentes y el 14.93% con arma corto punzante.
En cuanto a la violencia intrafamiliar, en Cali la relación es de 4 casos para las mujeres por 1 de los hombres, en su mayoría por delitos sexuales; mientras crece el desacato ciudadano e irrespeto a las autoridades en más de un 65 % en comunas como las 10, 16, 17 y 21. La sumatoria de todos estos delitos ha ocasionado que la percepción de inseguridad ciudadana llegue al 84.1 %.
Según Jaime Ernesto Palma, Cali es el epicentro de las economías ilegales, pero requiere de soluciones regionales porque la expansión de las disidencias en el suroccidente, en Jamundí y el Cauca va en aumento y aunque no se registra presencia de ellas en la ciudad, sí pueden conformar células de milicias en los barrios que promueven las amenazas ambientales por minería, el cultivo de coca en el Pacífico y la deforestación.
Renovación urbana
El proceso de renovación urbana que vive la ciudad, dijo el representante de la ONU, ha ocasionado más inseguridad en zonas como El Calvario, así como la proliferación de asentamientos ilegales en el oriente y la ladera, factores que se aumentaron con la pandemia de Covid19, dejando en evidencia que las necesidades básicas están insatisfechas, la tasa de desempleo se disparó, la desigualdad e inequidad y el no tener acceso a los servicios básicos, ha despertado desconfianza a en las instituciones.
Recordó además, que ante la pobreza monetaria y extrema los ciudadanos tuvieron que caer en la informalidad, los jóvenes se vieron obligados a conformar pandillas y pasar a economías ilegales, lo que hizo que la economía informal de Cali pasará a un 47.5%, siendo hoy la más alta del país; situación aprovechada por los gota – gota, que al ver a los ciudadanos excluidos del sistema bancario por estar reportados o no tener títulos de propiedad que respalde su deuda, les ofrecen alternativas con consecuencias funestas.
Entre tanto, Carlos Augusto Chacón, Director del Instituto de Ciencia Política, “Hernán Echavarría Olózaga”, manifestó que el deterioro de la seguridad se da porque en el mundo el crimen organizado crece. “La legitimidad es la clave para que operen las políticas públicas y esta se deteriora cuando se ataca la confianza ciudadana y se pierde el respeto a la fuerza pública”.
Para que los resultados de las políticas sean sostenibles, hay que tener conocimiento del territorio, dando solución a los conflictos, violencias y delitos; ofrecer créditos baratos para combatir el gota – gota, formalizar a los informales e incluirlos en las nuevas economías, dijo el Director del Instituto de Ciencia Política.
Y aunque la tecnología es un buen insumo, de nada sirve tenerla si no va acompañada de resultados, judicializando a los responsables y haciendo buen uso de la información. La prevención y la disuasión son elementos claves para desmontar las estructuras, por lo que se requiere caracterizar los grupos delictivos, saber qué armamento tienen y cómo operan. No solo vigilándolos.
Alianza
“Una alianza interinstitucional con la administración de justicia es básica para recuperar la confianza ciudadana; invertir en geo referenciación con el concurso de la academia, los gremios y el sector privado, construye esa confianza y hace que el ciudadano denuncie y se acaben los sub registros. Tenemos que evaluar periódicamente esos esfuerzos para poder acabar con esa cadena de valor y suministro de las economías ilícitas que son: narcotráfico – contrabando – gota – gota, que tiene las economías ilícitas en un 52%”, manifestó Chacón.
Y concluyó diciendo que en el año 2023, un microempresario para cumplir con los trámites burocráticos requería gastar 755 horas de su tiempo, o sea, 60 días laborales. Y según los últimos estudios, el próximo año se estaría gastando 2.000 horas, lo que va en detrimento de la formalización de la gente informal que necesita ser reconocida para que su negocio pueda progresar.
Ambos conferencistas coincidieron en que hay un interés real de sus dependencias de evaluar y apoyar a esta y las futuras administraciones. Asimismo destacaron que ven un consenso en el Concejo de Cali para implementar y trabajar la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que es muy alentador para mejorar las condiciones de inseguridad en la región.
Concejales
Para la Coordinadora de Ponentes del proyecto de acuerdo 005, que adopta la política de seguridad para Cali, Concejal Alexandra Hernández, este estudio social lo tienen que tener en cuenta los futuros alcaldes, quienes deben velar porque las inspecciones de Policía y las Comisarías interactúen y se comuniquen para que unidas puedan ser eficientes a la hora de combatir el delito.
“Debemos hacer mucha inversión social en los niños y los jóvenes, que son los que más caen como víctimas; así como escuchar a la comunidad sacando a la calle la Comisión del Plan y Tierras para llegar a sectores como Alfonso López y visitar las instalaciones de la Policía para conocer cómo está funcionando la línea 123, conocer la tecnología y sus falencias y programar una reunión con la Asobancaria para conocer las opciones de crédito que les pueden dar a los reportados y eviten recurrir al gota – gota”, precisó Hernández Cedeño.
Si algo preocupó al Concejal Roberto Ortiz Urueña, fue conocer que se mantiene el asesinato de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad; que los crímenes ocurren en las mismas comunas y sabiendo dónde se tiene que atacar el mal, no se hace.
Por lo que solicitó instalar cámaras de reconocimiento facial para detectar a los migrantes que vienen del pacífico, hacen su negocio allá y llegan a los centros comerciales de acá, donde se desarrollan las retaliaciones y se dispara la inseguridad en Cali, siendo ajena. Y se mostró de acuerdo con la Concejal Hernández Cedeño, de ir al territorio donde está el conflicto para escuchar al ciudadano que padece el flagelo, desmantelar los asentamientos subnormales o invasiones y desenmascarar las mafias de tierreros y a los que arrojan escombros a los ríos.
El Concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, calificó el estudio como un documento técnico imparcial y creíble que debe socializarse con las comunidades para que se sientan fortalecidas, pues el problema es estructural y la sociedad toda se debe apropiar de esta política pública.
“No se trata de ocultar la crisis estructural de la sociedad, hay que abordar las causas generadoras del conflicto y saber cómo se implementa y con qué recursos cuenta. El sector privado no solo debe acumular riqueza, sino que debe asumir su parte porque también tiene responsabilidad. El enfoque de la seguridad humana debe irradiar a las personas, a la naturaleza y a los seres sintientes. Todo lo que aquí se expuso está aprobado en el Plan de Desarrollo, lo que hay es que aplicarlo”, enfatizó Salazar Sarmiento.
La Concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, enfatizó el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia. “La agenda social de esta Alcaldía es pobre, debe quedar clara la responsabilidad económica que tienen que aportar las otras dependencias de la Administración para que la Secretaría de Seguridad y Justicia cumpla su propósito. Y debe quedar establecido un protocolo para el respeto de los derechos humanos en la protesta social, el derecho a la movilización y la protesta pacífica”, argumentó Erazo Ruiz.
El Concejal Edison Alberto Giraldo Hoyos, recordó que los análisis realizados en el estudio se han hecho en el territorio, de la mano de las dependencias, por lo que ahora hay que implementarlo para prevenir y que no sigan las violencias o se bajen los altos niveles. En cuanto a los asentamientos, o invasiones, dijo que están poco atendidas y ello genera violencia, derrumbes e inundaciones, así como desacato a la autoridad, mientras que las tasas de criminalidad son muy altas en Cali para un presupuesto tan bajo como el que tiene.
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