PorJhon Bernal
El armamento era movilizado por vehículos del Ejército por el territorio nacional donde lo entregaban a los grupos armados ilegales
La Fiscalía General de la nación, a través de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, lograron la captura de cinco presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la venta ilegal de armas al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al igual que al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.
De acuerdo con el ente investigador, el operativo se desarrolló en Bogotá, Villavicencio (Meta) y en inmediaciones de Melgar (Tolima), donde las autoridades emitieron las órdenes de captura contra estos sujetos, y se incautaron 4.411 cartuchos de distintos calibres y algo más de un kilogramo de pasta base de coca.
La Fiscalía detalló que esta red delictiva, que estaría compuesta por trece integrantes, “estaría involucrada en la extracción de armamento y munición de diferentes unidades militares, coordinar su traslado en vehículos oficiales y su posterior distribución a estructuras de las disidencias de las Farc en el oriente del país”.
A su vez, la Fiscalía indicó que parte del armamento extraído de los batallones, eran dejados en viviendas de los barrios Chapinero e Isla del Sol de Bogotá, donde eran despachados a diferentes lugares del territorio nacional. Igualmente, la entidad mencionó que los criminales también alquilaban carros de la institución castrense para movilizar el armamento por el territorio nacional, en aras de evadir los controles de seguridad de las autoridades.
“En el curso del proceso se acreditó que parte de la munición y las armas sustraídas de los almacenes de los cantones militares del centro del país, y entregada a las disidencias de las Farc, al parecer, era pagada con clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, entre otras sustancias ilícitas”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.
Los detenidos fueron identificados como Yeison Farley Bolaños Noguera y Ángel Alberto Sosa Villamil, militares activos que, aprovechando su cargo en el Ejército nacional, eran quienes sacaban las armadas de las guarniciones militares para posteriormente entregarlas al grupo subversivo.
Adicionalmente, fueron capturados José Bladimir Bohada, alias Popi; Julio Ernesto Chiquazuque Flórez y Juan Camilo Bonilla Bohórquez, integrantes de las disidencias de las Farc. Las autoridades no descartaron que otros miembros del Ejército nacional estén involucrados en estas actividades ilegales, por lo que anunciaron investigaciones en las guarniciones militares de la capital del país.
Los sujetos fueron llevados ante un juez de control de garantías, donde les imputaron los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cargos que no fueron aceptados por los procesados, por lo que les dictaron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Militares vendían armas a disidencias en el Cauca
Este no es el único caso registrado por venta de armas del Ejército a grupos armados. En marzo de 2023, la Fiscalía puso en evidencia la participación de miembros del Ejército Nacional en una red corrupta que vendería armas y municiones a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.
Allí fueron detenidos tres soldados, un sargento y otro retirado, la mayoría de ellos, adscritos a la Tercera Brigada del Ejército, quienes habrían captado hasta 1.790 millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía comenzó en 2020, cuando se registró la incautación de 5.000 municiones en un barco pesquero que navegaba por las aguas de Buenaventura. Es ahí cuando las autoridades encontraron 24 irregularidades con el almacenamiento de armas y municiones en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.º 3 Policarpa Salavarrieta, que eran vendidas a la columna Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, frente liderado por alias Iván Márquez.
De acuerdo con la fiscal encargada del caso, este armamento era comercializado por medio de un negocio que fungían como fachada en la capital del Valle. Se trata de un lavadero de carros y de una escuela de vigilancia privada llamada VIP Security Ltda. Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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