Alerta de la Contraloría

La Contraloría General reveló que $4,84 billones de pesos permanecen sin ejecutar a nivel nacional. En el Valle, la parálisis afecta proyectos de vivienda y servicios sociales clave.

Un informe reciente de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en Colombia y, de manera particular, en el Valle del Cauca. Según el ente de control, más de un tercio del dinero comprometido en negocios fiduciarios permanece inmovilizado en el sistema financiero, sin traducirse en obras ni servicios para la ciudadanía.

A diciembre de 2024, de los $13,48 billones asignados a 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones —equivalentes al 35,6 %— continúan sin ejecución. Para la Contraloría, esta situación tiene un impacto directo sobre el Gasto Público Social, pues retrasa la construcción de colegios, centros de salud y proyectos de infraestructura que resultan esenciales para regiones con altos déficits históricos.

El Valle del Cauca figura entre los territorios más afectados por esta inercia administrativa. La demora en la ejecución de recursos ha frenado iniciativas de vivienda y programas sociales en municipios como Cali, Palmira y Buenaventura, donde las necesidades superan ampliamente la capacidad de respuesta institucional.

El informe señala al Ministerio de Vivienda como la entidad con mayor volumen de recursos “quietos”, con $165.255 millones inmovilizados, lo que representa el 42 % de la muestra analizada. Le siguen el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud, este último con más de $67.000 millones sin ejecutar, una cifra que ayuda a explicar los retrasos persistentes en la modernización y ampliación de la red hospitalaria regional.

La Contraloría advierte que esta parálisis produce un doble perjuicio. Por un lado, existe una pérdida económica, ya que los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad, generando rendimientos muy inferiores al valor social que producirían si estuvieran invertidos en obras públicas. Por otro, se genera un alto costo social: la demora en la entrega de bienes y servicios básicos, mientras los costos de construcción siguen aumentando por efecto de la inflación.

El estudio identifica tres causas principales detrás del problema. La primera es la falta de ejecución oportuna de proyectos que, pese a contar con recursos disponibles, no se ponen en marcha. La segunda corresponde a deficiencias en la estructuración contractual, que bloquean el flujo de dinero desde las fiduciarias. La tercera apunta a procesos administrativos ineficientes, marcados por trámites excesivos y demoras burocráticas.

En cuanto a las entidades financieras, Scotiabank Colpatria aparece como la fiduciaria que administra el mayor volumen de recursos inmovilizados, con $168.081 millones, seguida por la Fiduciaria La Previsora.

Ante estos hallazgos, la Contraloría anunció el inicio de actuaciones fiscales para establecer responsabilidades. “Cada peso inmovilizado es una obra que se le quita al ciudadano”, subrayó el ente de control, al tiempo que hizo un llamado a las entidades nacionales con presencia en las regiones para destrabar los recursos y acelerar su ejecución.

Para el Valle del Cauca, la advertencia es clara: mientras el dinero permanece inmóvil, se profundizan los rezagos sociales y se diluye la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de la población.