Alcalde de Cali exige endurecer penas y acción contra reclutamiento de menores

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió al Gobierno Nacional y al sistema judicial asumir una postura “más contundente” frente al reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

Eder intervino como ponente invitado en la Ruta de Diálogos Constitucionales: una Constitución colectiva, la Corte dialoga con la academia, un espacio en el que centró su mensaje en un punto que considera crítico: el efecto que tiene la ausencia de acción militar en el avance de estas organizaciones, especialmente en zonas rurales cercanas a la capital del Valle.

Según el alcalde, la discusión sobre el uso de la fuerza pública no es abstracta, sino que se mide en vidas de niños y adolescentes.

“Vetar las operaciones militares contra grupos armados genera, en la práctica, un aumento del reclutamiento infantil. Estos grupos utilizan a los menores como una especie de ‘defensa antiaérea’”, advirtió Eder.

El mandatario citó casos concretos en las montañas de Jamundí y el norte del Cauca, donde —dijo— la combinación entre la débil presencia estatal y la expansión de estructuras armadas ha creado un escenario en el que los menores terminan en la primera línea del conflicto.

“En zonas como las montañas de Jamundí y el norte del Cauca vemos cómo, ante la falta de acciones contundentes del Gobierno Nacional, proliferan organizaciones armadas llenas de menores. El Estado no puede permitir eso”, insistió.

La batalla por la responsabilidad penal

Más allá del debate sobre la fuerza pública, Eder puso el foco en otro frente: la responsabilidad penal de los adultos que reclutan a menores.

El alcalde pidió endurecer las penas y aclarar en la legislación quién debe responder cuando un niño muere en medio de una operación militar.

“Cuando un menor muere en medio de una operación militar, la responsabilidad no es de las Fuerzas Militares; el único responsable es quien lo reclutó y lo puso en situación de riesgo”, afirmó.

Eder mencionó en particular a la estructura ‘Jaime Martínez’, a la que atribuyó graves hechos de violencia en Cali, incluidas explosiones que dejaron ocho personas asesinadas y más de 150 heridos. Para el mandatario, estos episodios ilustran hasta qué punto los menores se han convertido en piezas desechables dentro de una economía criminal que se alimenta de su vulnerabilidad.

Cali: un epicentro urbano bajo presión

Aunque el auge del reclutamiento suele asociarse a zonas rurales, Eder subrayó que las ciudades no son ajenas a esta realidad. Citando cifras de la Defensoría del Pueblo, recordó que en 2024 se identificaron 625 menores reclutados en el país, y que en lo corrido de 2025 ya se han registrado 165 casos adicionales.

Cali, según el alcalde, aparece en ese mapa como uno de los entornos urbanos con mayor riesgo.

Entre 2024 y 2025, el Distrito atendió 26 casos de menores reclutados o instrumentalizados, 13 de ellos dentro de la ciudad. Eder fue enfático en que estas cifras están lejos de mostrar la verdadera dimensión del problema:

Las cifras oficiales “siempre están por debajo de la realidad”, dijo.

En respuesta, la administración distrital creó la Mesa Distrital de Prevención del Reclutamiento, un espacio interinstitucional que busca contener el fenómeno mediante una combinación de intervenciones territoriales y programas sociales. Sus líneas de acción incluyen:

• Intervenciones focalizadas en territorios de alto riesgo.

• Programas para jóvenes vulnerables con atención psicosocial y actividades lúdicas.

• Fortalecimiento de la cobertura y la calidad educativa.

• Campañas ciudadanas que incentiven la denuncia.

La apuesta, en términos simples, es ofrecer alternativas y contención antes de que los grupos armados lleguen primero.

Un proyecto de ley para “blindar” la niñez

La estrategia del alcalde no se limita al ámbito local. Eder es uno de los mandatarios que impulsan el Proyecto de Ley 145, conocido como Por la niñez libre, que pretende elevar de forma drástica las penas para quienes reclutan o utilizan menores en actividades delictivas.

“Lo que buscamos es elevar las penas: el reclutamiento infantil pasaría de 13–23 años a 40–50 años de prisión; y el uso de menores en delitos, de 18 a 30 años”, explicó.

La iniciativa parte de una premisa central: mientras la sanción para los reclutadores siga siendo relativamente baja y el riesgo de ser capturados sea limitado, la utilización de menores seguirá siendo una “estrategia rentable” para las organizaciones armadas.

“Detrás de cada niño que vende droga o que porta un arma hay un adulto que se la entregó o que lo presionó para hacerlo. Debemos castigar de forma contundente a esos adultos para desincentivar estas prácticas”, concluyó Eder.

En un país donde los niños han sido, por décadas, víctimas silenciosas del conflicto y del crimen organizado, el debate que plantea el alcalde de Cali no es solo jurídico ni militar: es, ante todo, una discusión sobre el tipo de sociedad que el Estado está dispuesto —o no— a proteger.